Lunes 22 DE Octubre DE 2018
Nación

Tres señalados entre posibles sucesores

El Congreso deberá elegir a un nuevo magistrado de una lista de 13.

Fecha de publicación: 14-05-16
Por: Nancy Alvarez nalvarez@elperiodico.com.gt
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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar Guerra, vinculado con el caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), presentó ayer su renuncia al cargo. Ahora corresponde al Congreso de la República realizar el proceso de votación para elegir a su sucesor.

El nuevo magistrado saldrá de una lista de 13 personas, que son quienes participaron en el proceso de elección para integrar la CSJ para el periodo 2014-2019 y que no fueron electos.

Al menos tres de estos candidatos han recibido señalamientos por parte de sectores de la sociedad civil.

Se trata de Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Brenda Anabella Quiñónez Donis y Mario Estuardo Gordillo Galindo.

Duarte fungió como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y fue separado del cargo de forma definitiva el pasado 7 de octubre por una decisión tomada por el pleno.

El Ministerio Público (MP) solicitó un antejuicio en contra de Duarte por la posible comisión del delito de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes. Ello porque tomó posesión como magistrado sin haber renunciado al cargo que desempeñaba en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, y según la ley, para integrar la CC no debía estar ocupando otro puesto.

En tanto Quiñónez, quien formó parte de la CSJ del periodo 2009-2014, fue señalada por distintas organizaciones por su supuesta cercanía con el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, vinculado con la adjudicación anómala de un contrato millonario a la empresa Pisa para realizar procesos de diálisis a pacientes renales.

En 2014, salió a la luz que 22 abogados asesoraban las operaciones de Rodríguez y que entre estos se encontraba Quiñónez, quien devengaba un salario de Q31 mil por prestar sus servicios.

En el caso de Gordillo, quien fungió como Procurador General de la Nación del 20 de marzo de 2006 al 21 de abril de 2008, existen señalamientos de su posible participación en procesos anómalos de adopción de menores.

En septiembre de 2014, la Fundación Sobrevivientes rechazó que la Comisión de Postulación incluyera a Gordillo entre los aspirantes a magistrados de la CSJ.

En esa ocasión, la Fundación citó un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que resalta que durante la gestión de Gordillo el 43 por ciento de los trámites de adopción en transición, que incluían a 332 niños, obtuvo dictamen procedente durante los primeros cuatro meses de 2008, sin ser sometido a ningún mecanismo especial de control o verificación.

La acusación del MP

La Fiscalía Contra Delitos Administrativos del MP adjuntó a la solicitud de antejuicio contra Vladimir Aguilar, la declaración de una consultora de la Procuraduría General de la Nación, que asegura que Aguilar le ordenó modificar el dictamen con el fin de omitir las irregularidades encontradas en el contrato para dictaminar a favor de la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal.

El dictamen presentado por Vilma Martínez recomienda una revisión por parte de la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio de Finanzas y que se avise al Presidente de la República sobre la deficiencia. Sin embargo, seis días después, el informe fue modificado y se indica que la PGN no advirtió de ninguna ilegalidad en el contrato.

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